Las organizaciones de la administración pública tienen unas características particulares que las diferencian de las empresas privadas. Entre otras, sus fines (no centrados en la obtención de beneficios económicos para accionistas y propietarios), el marco legal y normativo, el impacto social, los principios garantistas, la estructura organizativa y de los recursos humanos, o el proceso político que indefectiblemente marca la gestión.

Otros aspectos diferenciadores se relacionan con conceptos como: participación, receptividad, transparencia, sostenibilidad, equidad o integridad de la actuación administrativa.

A su vez, la administración local se diferencia de otros niveles administrativos. Tiene una relación más directa con la ciudadanía, que puede participar e influir más que sobre otras administraciones, y su actividad y los servicios que presta están en contacto directo e inmediato con el ciudadano.

Además, y como uno de los elementos centrales, hay que considerar el  entorno actual altamente globalizado, donde cobra una gran importancia el papel de los gobiernos locales, que han de modificar su rol y asumir un creciente protagonismo en los procesos de desarrollo de sus municipios.

Surge entonces, como factor crítico para la gobernanza, la reconsideración del rol del gobierno local, que habrá de:

•  Catalizar las relaciones de colaboración y cooperación entre los actores de su territorio.
• ­ Liderar el proceso de desarrollo.
• ­ Impulsar y llevar a efecto la visión estratégica que necesita el territorio para alcanzar su desarrollo sostenible.

Se trata más de gobernar que de administrar, ya que gobernar implica en ejercer la efectiva capacidad de influenciar y ser protagonista del cambio. Administrar se relaciona más con la gestión de los servicios públicos y la regulación de las actividades del municipio.

Estas precisiones son pertinentes para considerar la necesidad de un marco de referencia, en la gestión local, más específico.

Bien que los modelos de gestión existentes son, en general, aplicables en todas las organizaciones. En ese sentido hay que reconocer la flexibilidad que suelen tener. Los criterios que poseen son principios de gestión que hay que atender, pero a la luz de la estrategia que cada organización defina a partir de la Visión que aporta el liderazgo.

A partir de esa Visión se construye la estrategia, que determinará los resultados clave a alcanzar. En ese sentido actúan como sistemas “neutrales”. Es decir, aportan criterios de gestión para alcanzar la Visión y los objetivos estratégicos definidos por cada organización que, evidentemente, pueden ser muy diversos.

Surge entonces la cuestión sobre si la Visión de los líderes, y la estrategia resultante, contienen los aspectos que deben ser atendidos según el rol definido anteriormente para una municipalidad o ayuntamiento, así como desde el punto de vista de la calidad democrática.

Este último factor, la Calidad Democrática, constituye un aspecto que tiene su aplicación genuina en los procesos de gobierno.

Gobernanza y Calidad Democrática

Calidad de la Democracia puede entenderse desde una triple dimensión: Cumplimiento de los procedimientos previstos (que incluiría los principios de legalidad, de responsabilidad o rendición de cuentas y de transparencia); respeto efectivo a los derechos de los ciudadanos (civiles, políticos y sociales) y resultados alcanzados en la percepción de los ciudadanos en cuanto a la satisfacción de sus necesidades (donde se encuadrarían los principios de legitimidad y de respuesta a las demandas ciudadanas o responsividad).

Este aspecto no es normalmente incluido de forma explícita en los procesos de autoevaluación basados en los modelos de gestión que actualmente disponemos. Su inclusión en un referencial para la gestión excelente de ayuntamientos y municipalidades debe ser por tanto obligada. Al igual que la perspectiva del Buen Gobierno, constituyendo así un binomio que ha de enmarcar y ser la referencia de una gestión excelente.

Calidad de la democracia y gobernanza pueden ser conceptos relacionados, pero no idénticos. Calidad de la democracia, aún reconociendo la diversidad en cuanto a las aproximaciones conceptuales del término, se refiere a aspectos procedimentales, de contenido y, según algunos puntos de vista, también a los resultados a alcanzar con relación al desarrollo económico, la justicia social o la igualdad.

Buen gobierno, o buena gobernanza, se entiende más como un modo de gobernar que se traduce en la participación de las instituciones públicas, privadas y, en general, de las redes de actores de un territorio, en la resolución de problemas que afectan al interés general, así como la aplicación de criterios de transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la acción pública.

En otras palabras, un Modelo de Buen Gobierno y de Calidad Democrática, aplicado en el ámbito local, ha de incluir ciertos principios de gestión que estén más acordes con las características de las administraciones municipales, tanto en su medio interno como en el tipo de resultados a alcanzar, y ya no solo en la prestación de servicios públicos, sino desde la perspectiva de la gobernanza local.